Sr. Trump, derribe estas barreras comerciales

Economía/ Economía Política

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Cubamatinal/ Los últimos intentos de la administración de Trump de continuar esta guerra comercial con China ahora han alcanzado un nivel incomprensible y solo perjudicará a los consumidores estadounidenses y chinos en el proceso. Las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas para Estados Unidos si China vierte sus bonos del Tesoro de los Estados Unidos, provocando una devaluación en el dólar estadounidense, lo que obligará a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés a niveles paralizantes.

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Auburn, Alabama, 11 de agosto de 2018/ Mises Wire/ Durante una entrevista en julio con el Dr. Murray Sabrin, profesor de Finanzas en el Ramapo College en Nueva Jersey, afirma: “El comercio es el alma de la civilización. Las barreras al comercio reducen los niveles de vida y crean tensiones internacionales y han provocado conflictos importantes a lo largo de la historia. Derribar las barreras comerciales, por lo tanto, permitiría a la economía mundial florecer y aliviar las tensiones en todo el mundo”.

“Señor Trump, derribe estas barreras comerciales”, dice el Dr. Sabrin, quien fue recientemente respaldado en julio por el ex congresista y tres veces candidato presidencial, uno de los libertarios más respetados, el Dr. Ron Paul. El Dr. Paul también comparte los sentimientos del Dr. Sabrin sobre los efectos dañinos de los aranceles de Trump y envió una carta al presidente en marzo pidiéndole que retire sus tarifas propuestas.

No fue suficiente con los aranceles iniciales de Trump para los productos manufacturados chinos y los aranceles de represalia impuestos por China a cambio, ahora el presidente quiere amenazar los aranceles sobre todos los 500 mil millones de dólares de las importaciones chinas.

Según lo informado por Reason en junio de 2018, todo comenzó durante la campaña presidencial de Trump cuando su constante retórica contra los malos tratos comerciales de Estados Unidos llevó a los principales republicanos como Marco Rubio y Ted Cruz a poner el diálogo nacional sobre el comercio “justo” en lugar de “libre” comercio.

Trump ahora se siente obligado a cumplir con su retórica política e implementar su guerra comercial, mientras que el Congreso se retira y no hace nada, a pesar de la evidencia que demuestra resultados económicos pobres a través de las prácticas arancelarias en las que Trump participa.

Algunos esperarían que el discurso de los aranceles de Trump no sea más que una táctica de negociación, pero una guerra comercial ciertamente ha comenzado y los únicos que se verán afectados al final son los consumidores estadounidenses y chinos. El proteccionismo solo engendra más proteccionismo, lo que lleva a una carrera hacia el fondo, perjudicando solo a las empresas y los consumidores.

La administración de Trump hasta ahora ha impuesto $ 34 mil millones en aranceles a China, junto con los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la UE, Canadá y México. Trump podría cumplir su amenaza de tarifa de $500 mil millones y los ciudadanos estadounidenses que no necesariamente respaldan los aranceles, sino que apoyan ciegamente al presidente, tendrán un rudo despertar una vez que la realidad se manifieste a largo plazo para la economía.

Supuestamente, los aranceles ayudarían a ciertas industrias como el acero, pero los productos que se fabrican con acero serían más caros, por lo que los consumidores estadounidenses recurrirían a las importaciones extranjeras para buscar alternativas más baratas, lo que perjudicaría a nuestra economía.

China ha impuesto aranceles principalmente a los productos agrícolas de los Estados Unidos, como el jugo de naranja, la soja, el pescado, la carne de cerdo, los productos lácteos, el algodón, la carne de res, los productos agrícolas, el sorgo, las nueces y el arroz. Sin embargo, los productos fabricados en China en los que Trump quiere imponer aranceles están en todo, desde maquinaria industrializada para papel, carnes y productos de vidrio hasta excavadoras para motores de embarcaciones hasta helicópteros. Está claro qué país tiene capacidades de fabricación superiores.

“Esto solo demuestra que Estados Unidos tiene poco poder en el tótem manufacturero”, dice el Dr. Sabrin y “lo que exportamos a China es mucho menos valioso que lo que China nos exporta porque Estados Unidos ha dejado de ser una economía manufacturera importante”.

No podemos obtener productos manufacturados baratos en ningún otro lugar como lo hacemos desde China, pero China puede obtener productos agrícolas de cualquier lugar que quieran de los agricultores en mercados extranjeros.

Estos aranceles agrícolas serán menos competitivos en los mercados chinos en comparación con otros competidores globales, por lo que China comprará menos productos agrícolas de los Estados Unidos, lo que tendrá un impacto negativo en los agricultores y empresas estadounidenses que dependen de los productos de esos agricultores.

Los agricultores de Estados Unidos se ven doblemente afectados por estos aranceles no solo cuando reciben un golpe con aranceles chinos sobre sus productos agrícolas, sino también cuando sus equipos importados chinos se añaden a los aranceles de Trump, lo que aumenta los costos adicionales para que hagan negocios.

El otro punto de debilidad para los Estados Unidos radica en la inmensa deuda en sus manos.

Actualmente, la deuda nacional es de $21 billones de dólares, de los cuales los socios extranjeros tienen $6,2 billones, y de esos $1,18 billones solo lo tiene China.

El Dr. Sabrin advierte: “Esta deuda de EE. UU. con China podría usarse en una guerra comercial contra la administración Trump”. De ser así, los chinos podrían decidir vender sus tenencias del Tesoro y vigilar el tanque en dólares, mientras que otros países podrían seguirlo. Si esto sucede, la Reserva Federal se vería obligada a elevar las tasas de interés, lo que provocaría un declive en la economía estadounidense. La medida inteligente de la administración Trump y el Congreso sería reducir las barreras comerciales de inmediato y retirar estos aranceles perjudiciales.

 

Autor: 

Nicholas DeSimone es un analista de investigación de la Fundación Reason en Washington D.C. Tiene una B.A. en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia y ha escrito para la Fundación Reason, la Fundación para la Educación Económica, The Daily Caller, Watchdog.org, Townhall.com, New Jersey Libertarian Party, y Penn Political Review. Síguelo en Twitter: @ nickyd8181

 

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Por qué el sistema de cuotas es una de las peores formas de regular la inmigración

Estados Unidos / Economía Política

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Cubamatinal / Cuando se trata del debate sobre inmigración, muy pocas personas abogan por fronteras totalmente cerradas o fronteras totalmente abiertas. Sin embargo, tan pronto como se admite que debe permitirse al menos algún movimiento fronterizo -o que al menos algunos de los emigrantes deben ser regulados-, surge rápidamente la pregunta: a qué inmigrantes se les debe permitir, y a cuáles les debe ser impedida la entrada?

 

Por 

Auburn, Alabama, 15 de agosto de 2018/ Mises Wire/ Retóricamente, este problema se trata a menudo hoy con una apelación a la autoridad gubernamental. A saber, a menudo se afirma que los inmigrantes “legales” están bien, pero los inmigrantes “ilegales” son malos.

Esto, por supuesto, pasa por alto el punto. La pregunta sigue siendo: ¿ qué inmigrantes deberían considerarse legales y cuáles ilegales? ¿Cuál debería ser el estándar para determinar la legalidad?

La historia de los emigrantes “indeseables”

En el siglo diecinueve, se decía que los inmigrantes eran deseables o indeseables en función de características específicas. Se consideró indeseable a los inmigrantes que se determinó que no podían trabajar, enfermos mentales, propensos a la delincuencia o que probablemente dependan de la asistencia estatal. Esto fue, al menos en teoría, aplicado en todos los ámbitos, independientemente del país de origen. Antes de la década de 1880, esta determinación generalmente era hecha por autoridades estatales o locales . Y aquellos que fueron considerados indeseables también podrían ser deportados.

Este tipo de leyes se remonta a los tiempos previos a la Revolución e incluso a Inglaterra en algunos casos, donde se introdujeron las “leyes pobres” para regular a los vagabundos y lo que hoy llamaríamos “receptores de asistencia social”. Los gobiernos locales tenían la facultad de evitar que los fondos locales de alivio de la pobreza fueran superados por nuevos residentes que buscaban lo que hoy llamaríamos “beneficios sociales”.

Las restricciones de movimiento basadas en el estado, por ejemplo, se incluyeron en los Artículos de la Confederación que señalaban que el movimiento interestatal no estaba garantizado a “mendigos, vagabundos y fugitivos de la justicia”.

Más tarde, los estados que recibieron un gran número de migrantes extranjeros, como Massachusetts y Nueva York, se enfocaron en rechazar la entrada a personas sospechosas de estar mentalmente enfermas, con discapacidades físicas, potenciales mendigos o delincuentes.

Tenga en cuenta, sin embargo, que estas leyes establecen criterios específicos para personas individuales . Aquellos que se consideraron capaces de mantenerse a sí mismos y no ser una carga en el erario público pudieron quedarse.

Incluso la política nacional -la mayoría de las cuales no logró obtener aprobación en el Congreso- obligó a los funcionarios federales a garantizar que los nuevos inmigrantes “no fueran mendigos ni convictos”.

Por lo tanto, no es sorprendente que Gerald Neuman concluya en su estudio de la política de inmigración del siglo XIX : “Ni el Congreso ni los estados intentaron imponer límites cuantitativos a la inmigración” [énfasis en el original].

Intentos posteriores de cuotas

La Ley de Exclusión de China de 1882 señaló el primer intento del gobierno federal de promulgar exclusiones de personas en tiempo de paz basadas en la membresía grupal.

Pero incluso esa idea no se abrió camino en la primera política nacional amplia que se encuentra en la Ley de Inmigración de 1891. La legislación de 1891 continuó apegándose a la política de excluir a las personas basada en los rasgos indeseables que se encuentran en los individuos. El historiador Hidetaka Hirota enumera los criterios:

La ley de 1891 también amplió la categoría excluible para cubrir a las personas con defectos mentales y locura, indigentes y personas “con probabilidad de convertirse en un cargo público”, personas con enfermedades contagiosas, personas condenadas por un delito grave de otro delito que involucra “bajeza moral, polígamos, y emigrantes asistidos “- haciendo que todos sean deportables.

Recién en el siglo XX las políticas federales se volvieron hacia los sistemas de cuotas .

La Ley de Inmigración de 1917 amplió las prohibiciones a los inmigrantes de Asia, más allá de la exclusión china. Sin embargo, apegándose a la política de pruebas individuales de tornasol, la nueva legislación también requería pruebas de alfabetización de nuevos inmigrantes.

Con la Ley de Inmigración de 1924, sin embargo, se introdujeron verdaderas cuotas por primera vez. La cuota era

establecido en el tres por ciento de la población total de los nacidos en el extranjero de cada nacionalidad en los Estados Unidos como se registró en el censo de 1910. Esto pone el número total de visas disponibles cada año para los nuevos inmigrantes en 350,000.

Las restricciones no se aplicaron a los inmigrantes del hemisferio occidental.

Pero, ¿por qué establecer la cuota como un porcentaje de nacidos en el extranjero según lo registrado en el censo? ¿Está esto basado en algún estándar objetivo?

Por supuesto no. Es un número sacado de la nada por los políticos. Además, adoptar un número arbitrario para el número “correcto” de inmigrantes de un determinado país equivale a declarar una cuota para el número “correcto” de zapatos que se importará en el país. Tampoco los agentes del gobierno están calificados para determinar el número “correcto” de toneladas de acero o libras de azúcar permitidas en el país.

[RELACIONADO: ” Solo el sector privado puede determinar el número ‘correcto’ de inmigrantes ” por Ryan McMaken]

Quienes apoyan tales cuotas a menudo intentarán enmascarar su naturaleza arbitraria alegando que cualquiera que se oponga a las cuotas tiene fronteras totalmente abiertas.

Pero, como señaló Neuman, el esquema de control fronterizo que prevaleció durante el siglo XIX -uno que rechazó la entrada a supuestos mendigos y delincuentes- era cualquier cosa menos una situación de fronteras abiertas.

No se puede negar que los controles fronterizos fueron difíciles de aplicar. Gran parte de esto se debió, sin embargo, a las limitaciones tecnológicas de la época. Las herramientas disponibles para los estados y las ciudades para identificar a las personas enfermas o discapacitadas eran extremadamente limitadas. Además, era difícil determinar con anticipación si era probable que los nuevos migrantes dependieran de los servicios estatales.

Para lidiar con este estado, los gobiernos comenzaron a exigir el vínculo de aquellos involucrados en la importación de migrantes. Neuman escribe:

A partir de 1820 … Massachusetts regresó al sistema colonial de exigir seguridad de los patrones de buques cuando sus pasajeros parecían convertirse en pobres. El estatuto de 1820 requería una fianza para indemnizar a la ciudad y al Commonwelath por los gastos que surgieran dentro de los tres años con respecto a cualquier pasajero que careciera de un acuerdo en el Estado Libre Asociado que se considerara susceptible de convertirse en una carga pública.

Esta ley fue modificada posteriormente en 1837, incluidas nuevas disposiciones bajo las cuales

el capitán tenía prohibido aterrizar sin fianza cualquier pasajero extranjero encontrado al ser examinado dentro de un grupo de categorías de personas que presentaban un alto riesgo de convertirse en una carga pública, incluidas aquellas con discapacidades mentales o físicas.

El requisito de vinculación fue aún más allá en 1852 cuando:

el estado autorizó a los funcionarios a exigir fianzas o un pago por conmutación mayor para cubrir a los pasajeros que consideran que presentan un riesgo intermedio de futura indigencia … [después de que se abolió el requisito de fianza para los migrantes de riesgo intermedio en 1872] Continuó la vinculación de pasajeros de alto riesgo … al igual que un requisito más nuevo de vinculación por parte de las empresas que importaban mano de obra en el estado.

Se adoptaron leyes similares en otras ciudades portuarias, especialmente en Nueva York, y se aplicaron en un intento por minimizar los costos asociados con los nuevos inmigrantes convertidos en mendigos.

El foco, por supuesto, no estaba en los números generales, sino en evitar los costos asociados con los nuevos migrantes que no podían o no querían mantenerse a sí mismos.

A diferencia de un sistema de cuotas general, el enfoque específico es más racional, no arbitrario e intenta llegar al verdadero oído de la mayoría de las objeciones políticas a la inmigración, es decir, que los nuevos migrantes se verán privados de servicios públicos o participarán en conductas delictivas.

Sin embargo, dados los problemas y los gastos de la aplicación general, es fácil ver por qué la legislatura de Massachusetts recurrió a los lazos como la transferencia de la carga de inmigrantes pobres a quienes los “patrocinaron” de alguna manera.

El enfoque individual es mejor

De hecho, un sistema de patrocinio de migrantes a través de la vinculación tiene el potencial como un medio mucho más razonable de garantizar que los nuevos migrantes sean realmente invitados al país de destino, y no se convertirán en cargos públicos.

Tho Bishop, por ejemplo , ha examinado este tema a la luz de los refugiados, pero puede aplicarse a todo tipo de migrantes. Ryan Khurana también ha escrito sobre el potencial de las políticas de migración basadas en patrocinio.

Después de todo, si un empleador, un miembro de la familia o una organización eclesiástica desea invitar a un nuevo migrante a trabajar o vivir en el país, un respeto básico por los derechos de propiedad privada y la contratación gratuita prohibiría que el estado interfiera. Sin embargo, si existe la preocupación de que los nuevos migrantes puedan vivir de la hacienda pública, la estrategia de vinculación sería mucho menos disruptiva y arbitraria que las cuotas inventadas por el gobierno sobre cuántos inmigrantes se les permitiría ingresar.

Si los migrantes van al paro público, o se involucran en conductas delictivas, los bonos permitirían a los contribuyentes recuperar sus costos de los patrocinadores. El migrante en cuestión sería presuntamente deportado por romper el acuerdo de vinculación.

La superioridad de este sistema sobre el sistema general de cuotas es evidente ya que permitiría a las organizaciones privadas relacionarse libremente con empleados, contratistas y miembros de la familia que serían arbitrariamente excluidos bajo un sistema de cuotas, incluso si no se involucraran en conductas delictivas o no pueden mantenerse económicamente.

Sin embargo, algunos partidarios de la línea dura anti-inmigración pueden hacer una excepción a esto, alegando que es administrativamente demasiado costoso. Sin embargo, al argumentar esto, básicamente estarían haciendo la afirmación colectivista de que los derechos de propiedad privada pueden anularse para grupos completos de personas en base a suposiciones sobre una pequeña porción del grupo. Escuchamos argumentos similares cuando los oponentes del efectivo en efectivo reclaman efectivo deben ser abolidos porque algunas personas usan efectivo para empresas delictivas. No se puede negar que algunos delincuentes usan efectivo. ¿Es esta la justificación para destruir los derechos de propiedad de todos los usuarios de efectivo? Claramente no. Sin embargo, los argumentos a favor de las cuotas amplias o las prohibiciones absolutas sobre los migrantes basadas en la pertenencia a un grupo emplean esta lógica esencial.

 

Autor:

Ryan McMaken  ( @ryanmcmaken ) es el editor de Mises Wire y The Austrian . Envíele sus envíos de artículos, pero lea primero las pautas del artículo . Ryan  tiene títulos en economía y ciencias políticas de la Universidad de Colorado y fue economista de la División de Vivienda de Colorado de 2009 a 2014. Es autor de  Commie Cowboys: The Bourgeoisie y Nation-State en el género Western.

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