Por qué el sistema de cuotas es una de las peores formas de regular la inmigración

Estados Unidos / Economía Política

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Cubamatinal / Cuando se trata del debate sobre inmigración, muy pocas personas abogan por fronteras totalmente cerradas o fronteras totalmente abiertas. Sin embargo, tan pronto como se admite que debe permitirse al menos algún movimiento fronterizo -o que al menos algunos de los emigrantes deben ser regulados-, surge rápidamente la pregunta: a qué inmigrantes se les debe permitir, y a cuáles les debe ser impedida la entrada?

 

Por 

Auburn, Alabama, 15 de agosto de 2018/ Mises Wire/ Retóricamente, este problema se trata a menudo hoy con una apelación a la autoridad gubernamental. A saber, a menudo se afirma que los inmigrantes “legales” están bien, pero los inmigrantes “ilegales” son malos.

Esto, por supuesto, pasa por alto el punto. La pregunta sigue siendo: ¿ qué inmigrantes deberían considerarse legales y cuáles ilegales? ¿Cuál debería ser el estándar para determinar la legalidad?

La historia de los emigrantes “indeseables”

En el siglo diecinueve, se decía que los inmigrantes eran deseables o indeseables en función de características específicas. Se consideró indeseable a los inmigrantes que se determinó que no podían trabajar, enfermos mentales, propensos a la delincuencia o que probablemente dependan de la asistencia estatal. Esto fue, al menos en teoría, aplicado en todos los ámbitos, independientemente del país de origen. Antes de la década de 1880, esta determinación generalmente era hecha por autoridades estatales o locales . Y aquellos que fueron considerados indeseables también podrían ser deportados.

Este tipo de leyes se remonta a los tiempos previos a la Revolución e incluso a Inglaterra en algunos casos, donde se introdujeron las “leyes pobres” para regular a los vagabundos y lo que hoy llamaríamos “receptores de asistencia social”. Los gobiernos locales tenían la facultad de evitar que los fondos locales de alivio de la pobreza fueran superados por nuevos residentes que buscaban lo que hoy llamaríamos “beneficios sociales”.

Las restricciones de movimiento basadas en el estado, por ejemplo, se incluyeron en los Artículos de la Confederación que señalaban que el movimiento interestatal no estaba garantizado a “mendigos, vagabundos y fugitivos de la justicia”.

Más tarde, los estados que recibieron un gran número de migrantes extranjeros, como Massachusetts y Nueva York, se enfocaron en rechazar la entrada a personas sospechosas de estar mentalmente enfermas, con discapacidades físicas, potenciales mendigos o delincuentes.

Tenga en cuenta, sin embargo, que estas leyes establecen criterios específicos para personas individuales . Aquellos que se consideraron capaces de mantenerse a sí mismos y no ser una carga en el erario público pudieron quedarse.

Incluso la política nacional -la mayoría de las cuales no logró obtener aprobación en el Congreso- obligó a los funcionarios federales a garantizar que los nuevos inmigrantes “no fueran mendigos ni convictos”.

Por lo tanto, no es sorprendente que Gerald Neuman concluya en su estudio de la política de inmigración del siglo XIX : “Ni el Congreso ni los estados intentaron imponer límites cuantitativos a la inmigración” [énfasis en el original].

Intentos posteriores de cuotas

La Ley de Exclusión de China de 1882 señaló el primer intento del gobierno federal de promulgar exclusiones de personas en tiempo de paz basadas en la membresía grupal.

Pero incluso esa idea no se abrió camino en la primera política nacional amplia que se encuentra en la Ley de Inmigración de 1891. La legislación de 1891 continuó apegándose a la política de excluir a las personas basada en los rasgos indeseables que se encuentran en los individuos. El historiador Hidetaka Hirota enumera los criterios:

La ley de 1891 también amplió la categoría excluible para cubrir a las personas con defectos mentales y locura, indigentes y personas “con probabilidad de convertirse en un cargo público”, personas con enfermedades contagiosas, personas condenadas por un delito grave de otro delito que involucra “bajeza moral, polígamos, y emigrantes asistidos “- haciendo que todos sean deportables.

Recién en el siglo XX las políticas federales se volvieron hacia los sistemas de cuotas .

La Ley de Inmigración de 1917 amplió las prohibiciones a los inmigrantes de Asia, más allá de la exclusión china. Sin embargo, apegándose a la política de pruebas individuales de tornasol, la nueva legislación también requería pruebas de alfabetización de nuevos inmigrantes.

Con la Ley de Inmigración de 1924, sin embargo, se introdujeron verdaderas cuotas por primera vez. La cuota era

establecido en el tres por ciento de la población total de los nacidos en el extranjero de cada nacionalidad en los Estados Unidos como se registró en el censo de 1910. Esto pone el número total de visas disponibles cada año para los nuevos inmigrantes en 350,000.

Las restricciones no se aplicaron a los inmigrantes del hemisferio occidental.

Pero, ¿por qué establecer la cuota como un porcentaje de nacidos en el extranjero según lo registrado en el censo? ¿Está esto basado en algún estándar objetivo?

Por supuesto no. Es un número sacado de la nada por los políticos. Además, adoptar un número arbitrario para el número “correcto” de inmigrantes de un determinado país equivale a declarar una cuota para el número “correcto” de zapatos que se importará en el país. Tampoco los agentes del gobierno están calificados para determinar el número “correcto” de toneladas de acero o libras de azúcar permitidas en el país.

[RELACIONADO: ” Solo el sector privado puede determinar el número ‘correcto’ de inmigrantes ” por Ryan McMaken]

Quienes apoyan tales cuotas a menudo intentarán enmascarar su naturaleza arbitraria alegando que cualquiera que se oponga a las cuotas tiene fronteras totalmente abiertas.

Pero, como señaló Neuman, el esquema de control fronterizo que prevaleció durante el siglo XIX -uno que rechazó la entrada a supuestos mendigos y delincuentes- era cualquier cosa menos una situación de fronteras abiertas.

No se puede negar que los controles fronterizos fueron difíciles de aplicar. Gran parte de esto se debió, sin embargo, a las limitaciones tecnológicas de la época. Las herramientas disponibles para los estados y las ciudades para identificar a las personas enfermas o discapacitadas eran extremadamente limitadas. Además, era difícil determinar con anticipación si era probable que los nuevos migrantes dependieran de los servicios estatales.

Para lidiar con este estado, los gobiernos comenzaron a exigir el vínculo de aquellos involucrados en la importación de migrantes. Neuman escribe:

A partir de 1820 … Massachusetts regresó al sistema colonial de exigir seguridad de los patrones de buques cuando sus pasajeros parecían convertirse en pobres. El estatuto de 1820 requería una fianza para indemnizar a la ciudad y al Commonwelath por los gastos que surgieran dentro de los tres años con respecto a cualquier pasajero que careciera de un acuerdo en el Estado Libre Asociado que se considerara susceptible de convertirse en una carga pública.

Esta ley fue modificada posteriormente en 1837, incluidas nuevas disposiciones bajo las cuales

el capitán tenía prohibido aterrizar sin fianza cualquier pasajero extranjero encontrado al ser examinado dentro de un grupo de categorías de personas que presentaban un alto riesgo de convertirse en una carga pública, incluidas aquellas con discapacidades mentales o físicas.

El requisito de vinculación fue aún más allá en 1852 cuando:

el estado autorizó a los funcionarios a exigir fianzas o un pago por conmutación mayor para cubrir a los pasajeros que consideran que presentan un riesgo intermedio de futura indigencia … [después de que se abolió el requisito de fianza para los migrantes de riesgo intermedio en 1872] Continuó la vinculación de pasajeros de alto riesgo … al igual que un requisito más nuevo de vinculación por parte de las empresas que importaban mano de obra en el estado.

Se adoptaron leyes similares en otras ciudades portuarias, especialmente en Nueva York, y se aplicaron en un intento por minimizar los costos asociados con los nuevos inmigrantes convertidos en mendigos.

El foco, por supuesto, no estaba en los números generales, sino en evitar los costos asociados con los nuevos migrantes que no podían o no querían mantenerse a sí mismos.

A diferencia de un sistema de cuotas general, el enfoque específico es más racional, no arbitrario e intenta llegar al verdadero oído de la mayoría de las objeciones políticas a la inmigración, es decir, que los nuevos migrantes se verán privados de servicios públicos o participarán en conductas delictivas.

Sin embargo, dados los problemas y los gastos de la aplicación general, es fácil ver por qué la legislatura de Massachusetts recurrió a los lazos como la transferencia de la carga de inmigrantes pobres a quienes los “patrocinaron” de alguna manera.

El enfoque individual es mejor

De hecho, un sistema de patrocinio de migrantes a través de la vinculación tiene el potencial como un medio mucho más razonable de garantizar que los nuevos migrantes sean realmente invitados al país de destino, y no se convertirán en cargos públicos.

Tho Bishop, por ejemplo , ha examinado este tema a la luz de los refugiados, pero puede aplicarse a todo tipo de migrantes. Ryan Khurana también ha escrito sobre el potencial de las políticas de migración basadas en patrocinio.

Después de todo, si un empleador, un miembro de la familia o una organización eclesiástica desea invitar a un nuevo migrante a trabajar o vivir en el país, un respeto básico por los derechos de propiedad privada y la contratación gratuita prohibiría que el estado interfiera. Sin embargo, si existe la preocupación de que los nuevos migrantes puedan vivir de la hacienda pública, la estrategia de vinculación sería mucho menos disruptiva y arbitraria que las cuotas inventadas por el gobierno sobre cuántos inmigrantes se les permitiría ingresar.

Si los migrantes van al paro público, o se involucran en conductas delictivas, los bonos permitirían a los contribuyentes recuperar sus costos de los patrocinadores. El migrante en cuestión sería presuntamente deportado por romper el acuerdo de vinculación.

La superioridad de este sistema sobre el sistema general de cuotas es evidente ya que permitiría a las organizaciones privadas relacionarse libremente con empleados, contratistas y miembros de la familia que serían arbitrariamente excluidos bajo un sistema de cuotas, incluso si no se involucraran en conductas delictivas o no pueden mantenerse económicamente.

Sin embargo, algunos partidarios de la línea dura anti-inmigración pueden hacer una excepción a esto, alegando que es administrativamente demasiado costoso. Sin embargo, al argumentar esto, básicamente estarían haciendo la afirmación colectivista de que los derechos de propiedad privada pueden anularse para grupos completos de personas en base a suposiciones sobre una pequeña porción del grupo. Escuchamos argumentos similares cuando los oponentes del efectivo en efectivo reclaman efectivo deben ser abolidos porque algunas personas usan efectivo para empresas delictivas. No se puede negar que algunos delincuentes usan efectivo. ¿Es esta la justificación para destruir los derechos de propiedad de todos los usuarios de efectivo? Claramente no. Sin embargo, los argumentos a favor de las cuotas amplias o las prohibiciones absolutas sobre los migrantes basadas en la pertenencia a un grupo emplean esta lógica esencial.

 

Autor:

Ryan McMaken  ( @ryanmcmaken ) es el editor de Mises Wire y The Austrian . Envíele sus envíos de artículos, pero lea primero las pautas del artículo . Ryan  tiene títulos en economía y ciencias políticas de la Universidad de Colorado y fue economista de la División de Vivienda de Colorado de 2009 a 2014. Es autor de  Commie Cowboys: The Bourgeoisie y Nation-State en el género Western.

© Ryan McMaken

© MisesInstitute

© Cubamatinal (Reprint de Mises Institute)

El timo del salario en Cuba (II Parte)

Economía/ Economía Política

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Cubamatinal/ Un principio jurídico universalmente aceptado impide que cualquier ente social se constituya a la vez en juez y parte. Por eso cuando el estado cubano se auto designa como propietario, empleador, gerente de la actividad económica, pagador, financista-acreedor, a la vez que determina los montos salariales y los precios de las mercancías, los servicios, incluso las cantidades de productos básicos que se han de consumir (tal es el caso de la cartilla de racionamiento), cuando todos esos factores y más hacen acto de presencia; ninguna argumentación conciliatoria es suficiente para justificar la violación constante y sistemática de los derechos socio-económicos de la población.

Por Miguel A. Garcia

Fort Pierce, FL, Cómo se llegó en un país como Cuba, con larga trayectoria de economía mercantil a depender de un estado como único empleador-intermediario-expoliador del salario.

La respuesta se encuentra en las RELACIONES DE DOMINIO. Relaciones que comenzaron por el control de los recursos económicos del país junto a los fusilamientos masivos de los primeros y cruciales años de instauración de la actual dictadura.

En la mitología creada por el adoctrinamiento populista social-nacionalista temprano no se hicieron notar las primeras medidas para desbancar el poder adquisitivo de los trabajadores, todo lo contrario; simulaba ser un proceso “de los humildes, por los humildes y para los humildes” como repetía Fidel Castro machaconamente en sus discursos.

La propia puesta en escena para la toma real del poder sobre la nación, mediante el “desfile triunfal” de una tropa guerrillera que demoró una semana en cubrir la distancia
entre Santiago de Cuba y La Habana, de solo 874 Km por la Carretera Central; que llegó a la capital con un crecimiento exponencial de sus miembros, incluidos soldados del ejército regular que se unieron a la tropa y que más tarde fueron despedidos, juzgados y en todos los casos discriminados.

Relaciones de dominio encubiertas desde un inicio con medidas populistas teóricamente beneficiosas a la población que marcaron la “legitimación” de la expropiación forzosa y sin indemnización de numerosas propiedades industriales y agrícolas. Así como el carnaval de la creación de los llamados “salarios históricos”, de la “Reforma Agraria” y otros tantos cambios que apuntaban todos hacia un mismo sitio; la eliminación de la libertad económica para todos aquellos actores sociales que no integraran el núcleo duro del poder.

Los hechos transcurrieron de forma vertiginosa como en toda revolución violenta. Por eso pasó inadvertido el primer impuesto del gobierno en formación.

Para poder entender la evolución de la expropiación salarial a los trabajadores, disfrazada de cambios beneficiosos para la clase expropiada-, es necesario marcar una periodización histórica de las medidas, toda vez que estamos analizando un proceso continuo donde el limitado y exclusivo grupo de los actores dominantes y por ende las relaciones de dominio son las mismas desde hace tres generaciones de cubanos.

Parafraseamos entonces el título de una conocida novela de Julio Verne; Las
tribulaciones del salario en Cuba.

Como el origen y consolidación del Sistema Complejo (Base Económica de un nuevo Sistema Social) que estamos analizando no data de ayer sino de 1960 -concretamente con la intervención de la banca el 13 de octubre de ese año- no podemos ignorar que las condiciones de la economía actual del país y por tanto la depauperación permanente del tratamiento salarial han evolucionado a partir de una CONSTANTE, que se explica por sí sola en el siguiente diagrama:

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Para llegar a conocer a profundidad la situación actual, es necesario conocer desde los
primeros pasos -al margen de las expropiaciones y otras medidas de control social que
analizaremos en esta serie-; que se aprobaron las primeras medidas administrativas en
el orden tributario, en fecha tan temprana como julio de 1959, a saber:

1959: Ley 447. (14 de julio) Impuesto General sobre las Personas Naturales y Jurídicas, así como el Impuesto sobre Utilidades de las Empresas. Se suprimen los impuestos locales y sectoriales, en alegación de racionalización. Ley No. 448, que dispuso la constitución de la Comisión Administrativa Tributaria y el Departamento de Auditoria Fiscal. El 23 de septiembre de 1959, fue puesto en vigor el ‘Decreto 2038′, ‘Reglamento de la Ley Tributaria’. Otras disposiciones, tales como la ‘Ley No. 579 y la No. 580′, que dispusieron la creación del Registro General de Contribuyentes del Estado, y la creación de la Dirección General de Impuestos Internos en el Ministerio de Hacienda. Se dictaron además las Leyes 629 y 639, también sobre materia tributaria, la primera asignando recursos financieros para cubrir los gastos del Departamento de Auditoria Fiscal y la Comisión Administrativa Tributaria, y la segunda, que reguló aspectos relativos al Impuesto sobre las Ventas en los productos”.

Es importante constatar, que siempre y en toda época los impuestos a los productores (empresas, contratistas etc.) son repercutidos por estos en el valor final (precio) del producto o servicio ofertado al consumidor, es decir; el cliente final de la producción y servicios.

Esta repercusión de impuestos será más fácil de entender en otra parte de esta serie cuando analicemos la relación del Salario Nominal -en su expresión como Salario Real- y su incapacidad de asimilar las variaciones del Índice de Precios al Consumidor.

Por tanto es falsa la argumentación machaconamente repetida referente a la no exacción de impuestos por parte del estado revolucionario a los trabajadores. Por ejemplo, desde la llegada de Fidel Castro al poder en enero de 1959, los pasos fundamentales del nuevo régimen se dirigieron a la monopolización estatal del poder económico. De ahí que, junto a las expropiaciones a los ‘cómplices de la dictadura batistiana’ y la creación de los ‘centros de recuperación de bienes malversados’, se procediera, el 13 de octubre de 1960, a la intervención total de la banca, con el pretexto, -entre otros-, de ‘responder’ al embargo comercial norteamericano instaurado en febrero de ese año.

Algo más tarde, en agosto de 1961, se emite la Ley 963 sobre el cambio de la moneda,
que aparte de convertir la moneda nacional en papel mojado, despojó a todos los potenciales inversionistas nacionales —para que no ‘financiaran la contrarrevolución’— de toda su capacidad económica. Se mataron, así, dos pájaros de un tiro: primero, se disolvieron la totalidad de las relaciones mercantiles a partir del valor del dinero; y segundo, se privó no sólo a los opositores, sino a toda la sociedad civil de sus medios de financiamiento. Sin embargo, la mayor operación de disminución del salario real del trabajador cubano no llegó hasta 1962.

Con el recrudecimiento del embargo, la crisis de los misiles y el incremento paroxístico del bombardeo mediático, pasó, sin recibir apenas importancia, la creación de los impuestos para el desarrollo de la industrialización (4%), a los que verbalmente se les irían agregando los de seguridad social, salud pública, educación y defensa, hasta arribar al “impuesto sobre la circulación y ventas”.

Con relación al referido “impuesto sobre circulación y ventas”, en 2010 totalizó la cantidad de 13.462 millones de pesos, alrededor del 31% de todos los ingresos de la población, con la característica de no estar contenido en la por entonces vigente ley tributaria (ley 73 de agosto de 1994).

No hay que olvidar que ya en 1958 -aún sin alcanzar el poder político nacional- , Raúl
Castro diseña un sistema de impuestos por medio de la Orden Nº 39 (14 de julio) y se establece la obligación de pagar un impuesto sobre la producción agrícola, forestal, ganadera y minera, ascendente al 10 % del total de lo producido (bruto). Se aplica en las áreas bajo control del Ejército Rebelde.

Una vez monopolizada la fuerza de trabajo nacional a través del estado (único empleador), se establecen salarios fijos según calificadores de cargos controlados por el Ministerio del Trabajo y se suprime siquiera remotamente la posibilidad de que los trabajadores negocien el monto de sus salarios a partir de las condiciones del mercado, porque de hecho el estado cubano suprime el mercado convirtiéndolo en una caricatura que vale para entregar el equivalente de fichas de play money con las que canjear los productos y servicios bajo cartilla de racionamiento, atando al trabajador como consumidor a determinadas dependencias, donde en esas y solo esas podría efectuar el intercambio.

El dinero perdió así su poder real liberatorio de obligaciones económicas y el consumo
dejó de ser un factor para el crecimiento de la economía.

No bastaba que la población comenzara a ser “estandarizada” a partir de patrones predeterminados, que irían cambiando según la evolución de la dictadura y los planes del dictador en jefe. En la primera parte de esta serie proporcionamos al lector el vinculo a un documental de archivos de época para tener acceso a una serie de disparatados y contradictorios discursos de Fidel Castro (“Fiel” Castro) .

Hoy facilitamos el enlace a un paquete informativo cuyo título “El discurso oral y uso
de los medios de difusión masiva, para la manipulación política de la población
cubana” se explica por si mismo.

Era necesario pues borrar la memoria sobre la estructura del salario, para ello en 1967
se promulga la Ley 1213. Acorde con el Sistema de Cálculo Presupuestario vigente desde 1964, se suprimen los impuestos al sector estatal y supuestamente a las personas naturales que trabajan para este tipo de empresa (la inmensa mayoría de la población), pero se establece el Salario Nominal que dejando vigente el “Impuesto sobre Ingresos Personales”, el “Impuesto sobre Ingresos Brutos”, el “Impuesto sobre Transmisión de Bienes Inmuebles”, y el “Impuesto sobre Utilidades” eterniza la exacción -junto a la congelación de salarios- a varias generaciones de trabajadores y hasta la actualidad, creando la imagen idílica, según la cual “los trabajadores cubanos no pagan impuestos”.

Por supuesto muy pocas personas recuerdan que era el Cálculo Presupuestario. Con unas autoridades conscientes de que la función de empresario total de la economía nacional debía ser asumida por el Estado (si como era el caso, se pretendía controlar de forma absoluta la nación) incluidas sus relaciones económicas.

La clásica fórmula Dinero-Mercancía-Dinero incrementado [D-M-D’] a la que se refiere Marx en el tomo I de El Capital es aplicada en el caso cubano no por un empresario capitalista ‘sediento de ganancias’; sino por la única empresa del país, es decir, el Estado.

Se procedió entonces a suprimir las relaciones monetario-mercantiles entre empresas estatales. Comenzó la etapa de las ‘órdenes de servicios’ entre las diferentes empresas de la ‘economía socialista’. Empresas que por demás pretendían funcionar en una economía pseudo-mercantil al margen de la Ley del Valor.

A esto habría que añadirle, por otra parte, que muchos incrementos de los hoy astronómicos precios del “mercado libre” comenzaron nada más y nada menos que por ser contribuciones ‘temporales’, como por ejemplo el aporte para los damnificados del ciclón Flora, allá por el lejano 1964, cuando se subieron los precios de los cigarrillos y la cerveza. ¿Habrá terminado ya medio siglo después de ayudar a los susodichos damnificados?  (Continuará)


Nota: Si se desea profundizar más de lo que se abordará en la presente serie se puede
acceder al ensayo del mismo autor: Las retenciones y los impuestos al salario en Cuba. 1959-2016 Análisis crítico

Ⓒ Miguel A. Garcia

Ⓒ Cubamatinal (Libre descarga citando la fuente)